La Contraloría General de la República detectó que 70 por ciento de los municipios del país otorgaron licencias de conducir a deudores de pensión de alimentos, infringiendo la normativa vigente.
De acuerdo a la entidad, entre noviembre de 2022 y diciembre del año pasado, 242 municipalidades entregaron o renovaron licencias a personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores por adeudar la mensualidad de 4.706 alimentarios, por un monto superior a los 17 mil millones de pesos.
En concreto, esta situación afectó a casi 5.000 niños. En el caso de la Región Metropolitana, el 94 por ciento de las comunas no cumplió con la norma.
Asimismo, se evidenció que 65 funcionarios municipales deudores de alimentos, entre ellos un concejal, inspectores, profesionales y choferes presuntamente adquirieron licencias de conducir en los municipios en los que trabajan.
También se dio a conocer que existe un vínculo familiar entre funcionarios con 482 deudores de pensiones alimenticias que habrían conseguido o renovado su licencia de conducir, revelando una presunta red de favores internos.
Además, seis municipios del país entregaron más de 100 licencias de conducir de manera errónea: Antofagasta, La Granja, Lo Espejo, La Serena, Punta Arenas y Arica.
La Contraloría detalló que la responsabilidad es de los funcionarios municipales, quienes deberán ser sancionados con una multa que oscila entre el 10 y el 50 por ciento de su remuneración.
